lunes, 30 de noviembre de 2009

Prórroga de la Ley de emergencia económica

El día 24 de noviembre de 2009, se aprobó en Argentina la extensión de la ley de emergencia económica hasta el año 2011. Con esta prórroga de la emergencia económica hasta 2011 el Gobierno se asegura poder renegociar contratos con las empresas privatizadas, fijar las tarifas de los servicios públicos, ordenar el sistema financiero e interponer recursos ante la Corte Suprema para frenar eventuales medidas cautelares que pudieran afectar el funcionamiento del Estado, entre otras cuestiones.

Esta ley se creó en el mes de enero del año 2002 como herramienta para hacer frente a la crisis del 2001, cuando se salió de la ley de convertibilidad. La misma se ha venido prorrogando con los años, y lo que al principio era entendible, ahora ya no lo es tanto, ya que dicha ley es para cuando estamos en emergencia económica, y lo que no se entiende es porqué se mantiene si durante los años anteriores hubo un crecimiento importante a nivel país.

Aún así, el gobierno consiguió una prórroga para la misma, hasta el año 2011.

¿Que significa esto?¿Cómo nos afecta?


¿Qué significa esto?
si tenemos en cuenta que el Gobierno, a partir del 10 de diciembre deberá afrontar un Congreso de mayoría opositora, se entiende entonces que lo que busca es hacerse de todas las herramientas posibles para poder de algún modo, hacer frente a esta situación de desventaja en el Congreso. Ya se hizo con la ley de medios, y el decreto 1801 de la presidenta.

¿Como nos afecta?
Al tener el gobierno la posibilidad de renegociar contratos con empresas privatizadas, tiene la ventaja sobre las mismas y puede establecer límites o restricciones a las mismas en cuanto a precios, importaciones, etc. ¿Como impacta esto? Los dueños de empresas privadas estarán en desventaja y probablemente se vean perjudicados por medidas que se tomen en pos de reducir los índices de inflación, de la canasta familiar o cualquier otra necesidad.

Respecto al tema de las tarifas de los servicios públicos, en teoría debería permitir al gobierno fijar a su entender un valor de tarifa adecuado, ya sea para subir o para bajar el valor de la misma. Como todos somos usuarios de los servicios públicos, nos vemos directamente afectados y debemos confiar en que las medidas tomadas al respecto sean las mejores para el país. Con los servicios públicos hay un tema, recurrente, y que viene de hace muchos años, y es que a pesar de haber pasado por distintas formas de gestión, control supervisión, privatización y estatización, en casi ningún servicio se han hecho obras de infraestructura adecuadas, y hoy estamos sufriendo esa desinversión, con falta de agua, falta de gas y falta de luz, por nombrar los principales. Entonces, si el gobierno decide reducir la tarifa, le da una nueva excusa a las empresas que están explotando el servicio para no ejecutar ninguna inversión, y si en cambio decide aumentar la tarifa, perjudica en forma directa el bolsillo de los habitantes, y propulsando tal vez un aumento de la inflación. Pero este es un tema para abarcar en otro artículo.

Ordenar el sistema financiero, significa que puede tener injerencia directa sobre el mismo y sobre los bancos, por ejemplo, un corralito o, poner límites a las importaciones, o trabas a las exportaciones, etc. Como todos somos parte de este sistema financiero, las medidas que tome en este respecto, pueden afectarnos positiva o negativamente, las experiencias más difíciles que vivimos fueron por ejemplo, el corralilto de Caballo, que nos perjudicó a todos, pero esperemos que no lleguemos a tales extremos.

En resumen, el gobierno tiene una serie de poderes que hacen que no necesite del congreso para tomar medidas de alto impacto, lo cual, es bueno cuando se está en un estado de emergencia, pero es malo cuando la situación no es tal, ya que se está salteando este organismo legislativo tan importante en un sistema democrático, porque se podrían estar tomando decisiones que impacten a toda la población sin que el congreso pueda decidir a través de los representantes que el pueblo votó.

Las personas que votaron a favor de esta ley se justificaron diciendo que fue porque los niveles de pobreza todavía son altos, y que hasta que eso no se solucione, dicha ley debe mantenerse y también que los procesos de negociación con empresas privadas aún están a mitad de camino y deben completarse.

Las personas que votaron en contra, expresaron que el gobierno se contradice ya que por un lado indica que estamos en una situación de emergencia y que los niveles de pobreza así lo justifican, pero por otro lado, también se está diciendo que este gobierno y el anterior han generado niveles de crecimiento históricos. Hay que reconocer que este argumento es bastante válido.

¿Que podemos hacer? No mucho, este tipo de leyes hacen que perdamos un poco más de nuestras libertades, ya que las decisiones están sujetas solo al criterio y sentido común del poder ejecutivo. Personalmente no comparto que la situación actual sea de una emergencia tal que justifique estas leyes, y soy partidario de que sea el congreso quien se encargue de toda la parte legislativa y que el poder ejecutivo se encargue de su función.

Lo único que nos queda, como siempre digo, es tratar de estar informados y preparados para afrontar situaciones de crisis, que probablemente vendrán.

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